La verdad de la guerra de Felipe

México bañado en sangre

Guerra al narcotráfico

Estados Unidos apoya y financia la guerra contra los traficantes de drogas en México al tiempo que se encarga del patrocinio de los cárteles.

Con el arribo de Felipe Calderón a la presidencia en México, en 2006, se produjo un quiebre en la lucha contra el narcotráfico. La decisión del mandatario fue militarizar el combate a las drogas, instalando 50 mil militares en las calles mexicanas.

Esta medida tuvo el completo aval de Estados Unidos, país que oficializó su apoyo con la firma de la Iniciativa Mérida, un tratado de cooperación mutua para el combate del narcotráfico.

Sin embargo, mientras que la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Departamento de Estado estadounidense financian y equipan al Ejército mexicano, por otro lado Washington también hace lo propio con los narcotraficantes.

La guerra contra las drogas que lleva adelante Felipe Calderón tiene su costo: en los últimos dos meses fueron hallados, en fosas comunes o narcofosas, 180 cadáveres en el estado de Tamaulipas y 200 en Durango. Así, las víctimas fatales del narcotráfico ya superan las 35 mil.

La ola de asesinatos no se relaciona en su totalidad de manera directa con la guerra al narcotráfico. Muchos mueren por el solo hecho de trabajar o transitar por zonas dominadas por grupos criminales.

El negocio de las drogas en México está controlado por siete cárteles. A los de Oaxaca, Sinaloa y Valencia –los de mayor relevancia–, se le suman los de Tijuana, Juárez, Colima y el del Golfo. Este ultimo dominado por el grupo de los Zetas.

El grupo de los Zetas, integrado por desertores del Ejército, que controla la zona de Tamaulipas, les cobra a quienes intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos y asesinan a quienes se niegan a pagar. Además de extorsionar a los comerciantes del lugar.

Otro de los flagelos provocados por la guerra contra el narcotráfico es el de las desapariciones. En muchos casos los grupos criminales secuestran personas no para pedir un rescate, sino para reclutarlos en sus filas.

Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos del estado de Coahuila, aseguró: “La gente simplemente desaparece, muchas veces en grupo, y no hay ni pedido de rescate”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió desde 2006 la denuncia de 5.397 personas desaparecidas. Pero desde el organismo aseguran que el número es superior debido a que muchas desapariciones no son denunciadas.

Esto se debe a que la corrupción no solo se encuentra enquistada en la policía mexicana, sino que también salpica a dirigentes políticos, funcionarios judiciales y al Ejército.

Gilberto Sánchez Guerrero, narcotraficante y ex policía municipal detenido en diciembre de 2009, acusó a ocho agentes de aportar información sobre operativos de la policía municipal, del movimiento de las patrullas y de participar en secuestros y fusilamientos. Además afirmó recibir información sobre las estrategias de combate ideadas por el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, el Capitán retirado Julián Leyzaola Pérez.

Cabe destacar que el narcotráfico mueve en todo el mundo 320 mil millones de dólares al año; y en México el 10 por ciento de su economía, unos 25 mil millones de dólares, depende del tráfico de drogas.

La hipocresía estadounidense

En 1969 el gobierno estadounidense encabezado por Richard Nixon denominó “Guerra contra las drogas” a las políticas tanto interior como exterior que apuntaban al combate de la producción, distribución y consumo de drogas ilegales.

Ya en 1973, la administración Nixon creó la DEA; y más tarde, en 1988, bajo el mandato de Ronald Reagan, se fundó la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas.

A partir de ese momento la “Guerra contra las drogas” fue utilizada para financiar acciones encubiertas llevadas adelante por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), tanto en Medio Oriente como en América Latina.

El ejemplo clásico es el de mediados de la década de 1980 cuando la CIA financió a la “Contra” nicaragüense, que combatió a la Revolución Sandinista, mediante el tráfico de cocaína en Estados Unidos.

Algunos años antes, a fines de la década de 1970, Estados Unidos financió, protegió y armó a los Señores de la Guerra afganos, dedicados al tráfico de opio, con el fin de combatir a los soviéticos que ocupaban el país.

Si bien la política exterior de la “Guerra contra las drogas” se basó, en un primer momento, en la firma de acuerdos y mecanismos de cooperación, rápidamente se convirtió en el control político y económico de los países productores.

Así desde la caída del régimen talibán, en diciembre de 2001, y la posterior ocupación estadounidense, la producción de opio en Afganistán se multiplicó por 33 simultáneamente con la injerencia de Washington en el nuevo gobierno afgano.

Aji Juma Khan, uno de los mayores señores de la droga en Afganistán, fue detenido en 2008 y trasladado a Nueva York acusado de narcoterrorista. Sin embargo, durante mucho tiempo ofició como informante de la DEA y la CIA; y fue en este periodo que se convirtió en el amo de la droga en Afganistán.

Pero en la actualidad parece que la guerra narco desatada en México conlleva “un gran riesgo” para Estados Unidos. Por un lado, porque el principal destino de las drogas es el país del norte; por otro lado la preocupación se centra en evitar que la violencia traspase la frontera.

Por esta razón, en junio de 2008 el presidente George W. Bush activó la Iniciativa Mérida; un tratado internacional de seguridad de tres años de duración y que implicó el aporte de 1.400 millones de dólares por parte de Washington, acordado por Estados Unidos, México y los países centroamericanos.

La Iniciativa Mérida se basa en cuatro pilares: la desarticulación de las organizaciones delictivas que actúan en ambos países; el fortalecimiento de las instituciones públicas que combaten a estas organizaciones; el desarrollo de una frontera segura y competitiva para el siglo XXI; y por último el fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países.

Este tratado se suma al Plan Colombia, concebido en 1999 por el Presidente colombiano Andrés Pastrana y su par estadounidense Bill Clinton. Este acuerdo bilateral busca combatir el narcotráfico, apuntando principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre otras organizaciones armadas.

Sin embargo, desde la instauración del Plan Colombia, los cultivos de coca se incrementaron un 15 por ciento, mientras que la producción de cocaína aumentó un cuatro por ciento.

Con iniciativas de ese tenor propiciadas desde Estados Unidos queda en evidencia su doble juego: por un lado su preocupación por el consumo interno -es el mayor mercado de consumo mundial-; pero por otro, es que desde Washington los cárteles mexicanos se financian y se arman.

David Shirk, experto en relaciones bilaterales, manifestó que los fusiles AK-47 y AR-15 son “son en general exportadas legalmente de Europa a Estados Unidos, y luego vendidos en forma ilegal y en grandes cantidades a compradores fantasma dentro del país” .

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unas 20 mil armas ingresan anualmente, de forma ilegal, a territorio mexicano desde Estados Unidos.

Durante los últimos meses se dio a conocer un polémico cable del portal Wikileaks, en el que se señala la existencia del operativo “Rápido y Furioso”, llevado adelante por un organismo oficial estadounidense.

El operativo consistió en pasar, a fines de 2010, dos mil armas de grueso calibre de forma ilegal a territorio mexicano, con el fin de realizar un seguimiento para detener a los narcotraficantes. Sin embargo, poco después de pasar la frontera, se perdió todo rastro de las armas.

John Dodson, agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), denunció el 3 de marzo, ante la CBS News, que ese organismo fue quien dirigió el operativo “Rápido y Furioso”.

Si bien la administración de Barak Obama niega haber estado involucrados, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, no desmintió las afirmaciones con respecto al programa.

Por el lado mexicano, Calderón y sus ministros están confiados en que el operativo se llevó a cabo con la autorización de Washington (aunque públicamente también lo nieguen). De cualquier modo no realizan un reclamo enérgico para no poner en peligro el apoyo político y financiero que México recibe de Estados Unidos.

A pesar de que la Iniciativa Mérida “se sustenta en el pleno respeto de la soberanía, la jurisdicción territorial y el marco legal de cada país”, la violación de la soberanía mexicana por parte de Estados Unidos quedó en evidencia.

Al ingreso ilegal de armas, a través del operativo “Rápido y Furioso”, se debe sumar el vuelo de aviones espías no tripulados estadounidenses en espacio aéreo mexicano.

Si bien tanto Felipe Calderón como la canciller Patricia Espinosa confirmaron que fue el gobierno mexicano el que solicitó la intervención estadounidense (en el caso de los aviones), hubo quienes hicieron referencia a la gravedad del asunto.

Para el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, “la soberanía nacional se encuentra afectada”. El legislador remarca: “La Constitución en su artículo 42 establece que hay un espacio aéreo”. Y agrega que “las autoridades estadounidenses no pueden ordenar en México ningún acto de tipo administrativo ni militar” .

Quienes también cumplen un rol fundamental en el afianzamiento del narcotráfico son los principales bancos estadounidenses. Estos son los encargados de, principalmente, blanquear el dinero proveniente del tráfico de drogas.

A mediados de 2010, Michael Smith, de Bloomberg, reveló que el Banco Wachovia se encargó de lavar 380 mil millones de dólares provenientes de cárteles mexicanos.

Antonio María Costa, jefe de la ONUDC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), señaló que “el dinero de la droga, que representa miles de millones de dólares, ha permitido al sistema financiero mantenerse en el punto culminante de la crisis financiera” .

Mientras Estados Unidos lleva adelante su doble juego con el consentimiento de Felipe Calderón, la “Guerra contra las drogas” en suelo mexicano arroja como único saldo miles y miles de muertos.

David García.

Chao Bye